A pesar de que esta medida inicia los trámites, las autoridades esperan que el proceso sea largo, ya que Guzmán tiene varias opciones legales para impugnar el proceso. De hecho, a principios de febrero, un juez otorgó una suspensión de la extradición.

El acusado se enfrenta en Estados Unidos a cargos de conspiración por presuntamente importar y distribuir drogas en el país junto a su hermano Joaquín Guzmán López.

Asimismo, el investigado, conocido como ‘El Ratón’, se enfrenta a la acusación por haber liderado una facción del Cártel de Sinaloa desde 2008, según fuentes consultadas por el periódico ‘Milenio’.

Guzmán fue capturado en un operativo especial que tuvo lugar en enero en Sinaloa, cuando personal de la Guardia Nacional identificó a varias personas armadas en camionetas, que atacaron a los guardias en el momento en el que se solicitó que bajasen de los vehículos.

El ministro de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, explicó entonces que los militares identificaron varias camionetas blindadas, tras lo que se estableció “un esquema operativo de seguridad interinstitucional”, con un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos. Posteriormente, hicieron un llamamiento a los integrantes para que bajaran de los vehículos y proceder a una identificación policial. Los militares fueron objeto de “agresión armada”.

“Después de controlar la agresión directa se identificó a Ovidio N (…) Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre ellas el aeropuerto y la base aérea militar 10?, relató, al tiempo que el Ejército se movilizó ante los disturbios registrados en la ciudad.

Cresencio, que señaló que la detención supuso seis meses de trabajo, calificó la detención de Guzmán como un “golpe contundente” a la cúpula del poder del cártel del Pacífico.

“Aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, que como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden”, ha dicho López Obrador durante su comparecencia matutina diaria.

López Obrador ha criticado que la oficina que dirige Antony Blinken parece siempre manifestarse “muy al contrario” de lo que suele exponer el presidente estadounidense, Joe Biden, que “habla de igualdad” entre ambos países.

“Todavía no abandonan la política de hace dos siglos, la de sentirse el gobierno del mundo. ¿Qué le digo al señor Blinken? Con todo el respeto, que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos”, ha dicho López Obrador.

Así, ha recomendado a Blinken que se ocupe “de lo que está pasando en Perú”, donde “la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas”, y “que le haga caso al presidente Biden” en lo que respecta a las relaciones con México.

“No es solo el departamento de Estado, es la naturaleza, la costumbre que viene de siglos en el Gobierno de Estados Unidos y de sus élites. Cuando hablo de que tenemos más democracia que ellos es porque aquí gobierna el pueblo y allá la oligarquía. Nada más”, ha recalcado.

El mandatario mexicano también ha aprovechado para hacerse eco de la cobertura mediática que dedicó el ‘The Wall Street Journal’, “el periódico posiblemente más influyente en términos económicos y financieros en el mundo”, a la marcha contra la reforma contra la reforma electoral.

“Ocho columnas y fotografías para la marcha de los corruptos. Este periódico y otros en Estados Unidos protegen a las mafias de poder económico en el mundo. Está mejor el ‘Reforma'”, ha dicho para cerrar entre risas.

Más de 500,000 personas, según estimaciones afines a los convocantes, se concentraron el domingo en la plaza del Zócalo de Ciudad de México para protestar contra la reforma de la ley electoral que impulsa el presidente López Obrador y en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

La oposición considera que se trata de una ley que despoja a este organismo varias competencias. Sin embargo, para López Obrador quienes se manifestaron no lo hicieron por el INE, sino en favor de los fraudes electorales y la corrupción de gobiernos anteriores como el de Felipe Calderón.

Un día después de aquella movilización, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que señalaba que Estados Unidos “apoya instituciones electorales independientes” que fortalecen los procesos democráticos y el estado de derecho.

“Hoy, en México, vemos un gran debate acerca de las reformas electorales sobre la independencia de las instituciones electorales y judiciales que ilustran la vibrante democracia mexicana. Respetamos la soberanía de México. Creemos que un sistema electoral independiente y bien dotado de recursos y el respeto por la independencia judicial respaldan una democracia saludable”, dice el comunicado.

Dicha medida, aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes, permitirá al gobernador reemplazar a la junta que lidera el distrito “especial”, creado a finales de los 60 específicamente para que Disney pudiese construir sus parques temáticos en la zona, por miembros favorables al partido republicano.

A través del Distrito de Mejora de Reedy Creek –en los límites de Orange y Osceola– se permitió que Disney, en una suerte de autogobierno, fuera responsable de establecer y mantener los servicios municipales, así como de emergencias.

De esta forma, el cuerpo que regía el distrito, que antes estaba formado por personalidades ligadas a la compañía, tendrá ahora cinco miembros designados personalmente por el gobernador, entre los que se encuentra el abogado y donante republicano Martin Garcia.

Con ello, DeSantis busca acabar con el “estatus de Gobierno de Disney” para traer “una nueva época de transparencia” y de “trato preferencial”. La medida asegura que “Disney pagará su parte de impuestos”, ha precisado en Twitter el gobernador.

La decisión de DeSantis de pedir al Congreso que pusiera fin al Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek es vista tanto por demócratas como por republicanos como una suerte de venganza contra la compañía por su críticas a la ley que prohíbe hablar sobre diversidad sexual en las escuelas primarias del estado de Florida.

DeSantis sugirió en abril posibles represalias contra Disney por sus opiniones. “No apoyo los privilegios especiales en la ley solo porque una empresa es poderosa”, aseguró, aludiendo además al “coladero” de impuestos que suponían estos distritos “especiales”.

Durante una audiencia de revisión de medidas cautelares que se realizó a petición de Marín Torres, y que se realizó en un juzgado federal con sede en el estado de Quintana Roo, el exgobernador solicitó la terminación de la prisión preventiva a la que se encuentra sujeto, ha informado ‘La Jornada’.

No obstante, la Fiscalía General Mexicano ha logrado convencer al tribunal federal para que decretara la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva.

El exfuncionario pedía continuar su proceso en libertad, además que se le impusieran nuevas medidas consistentes en residir en un lugar determinado y acudir al juzgado correspondiente de manera periódica para garantizar su presentación al proceso penal.

Pero el Ministerio Público ha argumentado que su puesta en libertad suponía un riesgo para la víctima y para los testigos, además de la existencia de un riego fundado de fuga, entre otro motivos.

Como resultado, el tribunal federal a cargo del proceso, determinó la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva para Marín Torres, que se encuentra en prisión desde febrero de 2021 acusado de utilizar las instituciones públicas para ordenar la tortura de una periodista como castigo a su libertad de expresión, según el citado diario.

En concreto, la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) ha precisado en el último balance que un total de 44,218 personas han perdido la vida por los terremotos en once provincias, entre las que destacan Kahramanmaras y Hatay, las más afectadas.

De esta forma, el total de muertes por los terremotos asciende a más de 50,000 con el balance de Siria, si bien el número de víctimas en el país árabe es mucho más difícil de calcular, especialmente en el noroeste, en manos de grupos rebeldes.

Pese a que las cifras aumentan cada día, el total de muertos en Siria supera los 5,900 — con más de 11,000 heridos–, según datos oficiales que no han sido actualizados desde el pasado 12 de febrero, pocos días después de los seísmos.

Así, López Obrador ha lamentado que el hecho de que haya sido juzgado en Estados Unidos supone una “llamada de atención para la Justicia mexicana” y ha señalado que se trata de un “elemento que busca proceder contra su círculo cercano en nuestro país”.

En este sentido, ha alertado de que existe una “desconfianza” en el sistema judicial mexicano y ha hecho hincapié en que es necesario “una reforma”. “Nosotros tuvimos elementos, se presentaron, ya lo habían detenido, pero sobre todo existe una desconfianza, ya no tanto ahora con el Ejecutivo sino la desconfianza que hay en el poder judicial”, ha señalado.

Tras varios meses de sesiones en un tribunal de Brooklyn, en el estado de Nueva York, el jurado concluyó el martes que García Luna es culpable por los delitos de falsedad documental, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y participación continua en una organización criminal, según ha informado el diario ‘Milenio’.

El caso se remonta al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), cuando Estados Unidos, a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), introdujo de manera deliberada unas 2.500 armas de fuego con el objetivo de identificar y detener a compradores y distribuidores en lo que se conoció como operación ‘Rápido y Furioso’.

Sin embargo, el rastreo de todo este armamento se perdió y acabó en manos del Cártel de Sinaloa. El escándalo estalló en 2011 cuando se confirmó que una de las armas de este arsenal fue usada para matar a un agente de la Policía Fronteriza de Estados Unidos en diciembre de 2010, un crimen por el que fue detenido un ciudadano mexicano llamado Heraclio Osorio Arellanes.

Garret Miller, de 36 años y proveniente del estado de Texas, ha sido condenado por agredir a un policía y por amenaza interestatal de lesiones o secuestro, motivo por el que deberá pasar 38 meses de prisión y otros 36 meses de libertad supervisada, según ha relatado el Departamento de Justicia en un comunicado.

Concretamente, estuvo “al frente de cada barrera derribada, línea policial invadida y entrada rota dentro de su proximidad”, durante los disturbios, según el Departamento de Justicia, que ha detallado que Miller fue detenido dos veces para poco después ser liberado.

Grabándose a sí mismo con un teléfono móvil mientras hablaba de una revolución, el seguidor de Trump entró al edificio del Capitolio, agredió a un agente policial, y se involucró en un altercado físico con no menos de seis oficiales, según el organismo judicial.

Después de abandonar el edificio del Capitolio, continuó alardeando de sus acciones en redes sociales hasta el 20 de enero. En la plataforma Twitter pidió asesinar a Ocasio-Cortez y amenazó al senador demócrata Chuck Schumer, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el entonces director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey.

Cuando Miller fue arrestado, vestía una camiseta con la cara de Trump que decía: “Estuve allí, Washington D.C, 6 de enero de 2021?, según ha sostenido el Departamento de Justicia en su misiva.

El juzgado estadounidense declaró culpable a García Luna el martes por cinco delitos relacionados con el narcotráfico y su vinculación con el Cártel de Sinaloa en la época de Fox y Calderón. Refiriéndose a Calderón, López Obrador se ha preguntado durante una comparecencia de este miércoles “qué no sabría el presidente”.

De los tres políticos mencionados, ha asegurado que “es gente que de alguna u otra manera se benefició con la corrupción”. “Un juicio así, desde luego falta más, ya que es una buena contribución, pero podría ser mayor el aporte, porque al final de cuentas lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben de repetir estos hechos”, ha añadido en declaraciones recogidas por medios mexicanos.

El presidente también ha recriminado a Calderón sus declaraciones tras conocerse el veredicto, calificándolas de “apología a la violencia del Estado”, y ha considerado que sus palabras “no sirven para nada” y “no tienen nada que ver” con el tema que se trata.

Las declaraciones a las que ha hecho referencia, publicadas por el propio expresidente Calderón a través de un comunicado, rezan: “Luché con toda determinación contra la delincuencia con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses”.

López Obrador ha tenido palabras para los “periodistas famosos” que conocían a García Luna: “Era notorio que este señor tenía muchísimo poder, ¿y quién le da este poder?”. También ha calificado al letrado de García Luna de “mal abogado”, después de anunciar el pasado jueves de que se planteaba denunciarle por “daños morales”. El abogado había planteado durante el juicio que recibió siete millones de dólares del Cártel de Sinaloa.

El caso por el que se condena a García Luna se remonta al sexenio de Calderón, presidente desde 2006 a 2012, cuando Estados Unidos, a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), introdujo de manera deliberada unas 2.500 armas de fuego con el objetivo de identificar y detener a compradores y distribuidores en lo que se conoció como operación ‘Rápido y Furioso’. Sin embargo, el rastreo de todo este armamento se perdió y acabó en manos del Cártel de Sinaloa.

La sentencia, que se prevé para el próximo 27 de junio, podría comportar una pena de prisión desde los cinco años hasta la cadena perpetua, según el diario ‘Milenio’.

López Obrador, que el martes evitó en rueda de prensa pronunciarse al respecto alegando que era momento de “desayunar”, ha explicado en una nueva comparecencia ante los medios que su Gobierno siempre ha tratado estos temas con discreción y, como muestra, ha exhibido una carta enviada en diciembre a Ortega y en la que México se ofrecía a acoger a una disidente nicaragüense presa, Dora María Téllez.

La presión sobre el mandatario mexicano ha crecido en las últimas semanas a raíz del destierro de más de 220 presos políticos de Nicaragua y de que la Asamblea Nacional de este país reformase la Constitución para poder dejar sin nacionalidad a los “traidores a la patria” –medida que ya afecta a más de 300 personas–.

“La nacionalidad no se puede perder por decreto”, ha reconocido López Obrador, que ha ofrecido “asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran”, a todos aquellos afectados por las últimas medidas del régimen nicaragüense. “La instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos”, ha afirmado.

López Obrador ha apelado a razones humanitarias y no políticas y, en la carta de diciembre, ya quedaba claro que México nunca se prestaría a “ser usado” en “campañas contra Nicaragua y su Gobierno”, dando a entender que en ningún caso habría una crítica frontal contra Ortega y todo lo que representa el actual oficialismo sandinista.

El presidente mexicano ha apostado por el “diálogo” para resolver cualquier disputa, en una línea de no injerencia que también aplica en otros casos y que le ha valido críticas, por ejemplo, por su posicionamiento en relación a la guerra en Ucrania, donde ha condenado el envío de armas para ayudar a las tropas locales frente a Rusia.

Tras varios meses de sesiones en un tribunal de Brooklyn, en el estado de Nueva York, el jurado ha concluido que García Luna es culpable por los delitos de falsedad de declaraciones, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y participación continua en una organización criminal, según ha informado el diario ‘Milenio’.

El caso se remonta al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) cuando Estados Unidos, a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), introdujo de manera deliberada unas 2.500 armas de fuego con el objetivo de identificar y detener a compradores y distribuidores en lo que se conoció como operación ‘Rápido y Furioso’.

Sin embargo, el rastreo de todo este armamento se perdió y acabó en manos del Cártel de Sinaloa. El escándalo estalló en 2011 cuando se confirmó que una de las armas de este arsenal fue usada para matar a un agente de la Policía Fronteriza de Estados Unidos en diciembre de 2010, un crimen por el que fue detenido un ciudadano mexicano llamado Heraclio Osorio Arellanes.

García Luna, quien fue jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI), fue detenido en la localidad de Dallas, en el estado de Texas, después de que presentaran cargos en su contra en Nueva York por conspirar para traficar con drogas y realizar declaraciones falsas, además de haber recibido millones de dólares del cártel de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

García Luna habría tratado de ocultar la ayuda prestada a traficantes de droga. La sentencia, que se prevé para el próximo 27 de junio, podría comportar una pena de prisión desde los cinco años hasta la cadena perpetua, según el citado medio.

Según las investigaciones, a cambio de sobornos, el cártel de Sinaloa obtuvo pasajes seguros para sus envíos de droga, así como información legal sensible sobre las investigaciones abiertas contra el cártel y grupos rivales.